No creo que exista un solo español que no esté de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de poner fin al insufrible estatuto de privilegio de que gozan los controladores aéreos.(?????) O que no exija la aplicación de graves sanciones a los que han protagonizado el espectáculo de estos días, que ha causado gravísimos perjuicios a la ciudadanía.(???????) Los culpables (?????? De que culpables habla???) deben pagar por lo que han hecho, sin lugar a dudas.
Ahora bien, este acuerdo general no nos lleva necesariamente a aceptar la totalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno ni, sobre todo, nos puede llevar a admitir como válida la forma en que se ha gestionado el conflicto con los controladores. Han existido errores tan graves en esa gestión, trufada de infantil prepotencia, que creo que puede afirmarse que el Ministerio de Fomento es también culpable de lo sucedido y que su titular debería ser destituido de inmediato.
En cuanto a lo primero, las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros el sábado: si bien puede admitirse aunque sea con reservas la declaración del estado de alarma como forma de hacer frente a la situación (¿cuándo piensa reunirse el Congreso que la Constitución dice debe hacerlo «de inmediato» de adoptarse la declaración?), el sometimiento de los controladores a la jurisdicción militar suscita más que dudas de constitucionalidad, puesto que el artículo 117-5º de la Constitución limita la aplicación de la jurisdicción militar a los supuestos en que se haya declarado el «estado de sitio», sin posibilitarla para los estados «de alarma» y «de excepción». Declarar la movilización militar de los controladores y su completo sometimiento a la autoridad y las leyes penales militares no es constitucional a no ser que se declare el estado de sitio. La autoridad competente en el estado de alarma es la civil, sea el Gobierno o el presidente de la comunidad autónoma afectada, no la militar, y no puede sortearse esa prohibición como ha pretendido el Real Decreto aprobado el sábado diciendo que la militar es la autoridad «delegada» de la civil. Muy mala idea la de saltarse la Constitución en su aniversario.
Pero lo verdaderamente grave, a mi juicio, es la desvergüenza política con que el Gobierno atiza la demonización de los controladores para ocultar sus gravísimas responsabilidades en la gestación de esta crisis, que bien puede decirse que ha sido provocada por él. El ministro de Fomento ha adoptado desde hace muchos meses el papel de justiciero llamado a terminar con los privilegios de los controladores a cualquier coste, hasta que ese coste le ha estallado en sus narices, pero a la vez en las de 300.000 personas que pasaban por ahí. El papel de justiciero es cómodo y prestigioso, pero es muy poco compatible con el del regulador público de una situación largamente enquistada.
El Ministerio estableció hace meses el nuevo horario de trabajo de los controladores, con un tope de horas anuales muy superior al existente hasta entonces, terminando así con el abuso de hacer 'horas extras' a mansalva para cobrarlas como tales. Bien está que lo hiciera, pero lo que no tiene perdón es que el Ministerio no cayera en la cuenta de que si el tope de horas era de 1.670 anuales iba a suceder inevitablemente que la mayoría de los controladores las habría cumplido antes de fin de año y que a partir de ese momento podrían negarse a trabajar con todo derecho. Imprevisión supina que en cualquier empresa civil normal le costaría el puesto al director responsable, pero que Blanco decidió arreglar como sólo lo puede hacer un ministro prepotente: con el Boletín Oficial del Estado, que para eso es mío.
Y, ni corto ni perezoso, a mediodía de un viernes previo al mayor puente festivo del año se le ocurre aprobar una disposición adicional de un decreto que pasaba por allí para establecer que en el horario anual de los controladores no cuentan como trabajo las horas de retén, las de baja laboral o incapacidad transitoria, o las de permiso por paternidad o motivos sindicales. Es obvio para cualquiera que esas horas sí contaban hasta entonces como trabajo, pues el propio Ministerio lo reconoce implícitamente al verse obligado a aprobar una norma jurídica especial para decir lo contrario. Pero, para disipar cualquier duda, añade el decreto que las torres de control quedan militarizadas en aplicación de una Ley Penal de Navegación aérea del más profundo pasado fascista. Bueno, ¿qué esperaba el Ministerio que hicieran los controladores ante un uso tan imaginativo y prepotente del BOE? ¿De verdad no se le pasó por la cabeza que recurrirían inmediatamente a medidas de fuerza? Si así fuera, sería culpable de imprevisión negligente. Pero hay otro escenario peor: claro que se le pasó por la cabeza esa posibilidad, pero decidió que una huelga salvaje en el puente sería la ocasión anhelada para doblegarlos para siempre, que es lo que ahora podrá hacer. Si ésta es la verdad, los frustrados pasajeros habrían sido utilizados como rehenes no sólo por los controladores, sino también por el Ministerio.
Como todos sabemos que no sucederá nada y que la cuestión se quedará en una bronca de taberna sobre el importantísimo tema de dónde estaban Zapatero y Rajoy este fin de semana, lo único que nos queda es hacer apuestas sobre si nuestro sistema político ha tocado ya el fondo en su degradación o si todavía descubrirá nuevos abismos en que enfangarse.
