Los expertos consideran España un país "relativamente corrupto"
La calidad de la democracia española ha bajado en un año del 6,2 al 6 sobre 10. Siguiendo la pauta de instituciones como la Universidad de Essex (Reino Unido), más de un centenar de expertos, la mayoría catedráticos, han puesto nota a la calidad de la democracia española por segundo año consecutivo, convocados por la Fundación Alternativas. El informe asegura que "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar, aunque existen razones fundadas para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los indicadores".El informe sobre La democracia en España 2009 atribuye la ligera disminución de la calidad de la democracia a la situación creada tras las elecciones de 2008 con el deterioro institucional, especialmente en la Justicia. El informe constata una crítica generalizada a la falta de autonomía del poder político con respecto al económico, los grupos de presión y los medios de comunicación. Han caído las valoraciones sobre la capacidad de control del Parlamento, la transparencia de la información estadística y de la política presupuestaria. El deterioro de los índices de gobernabilidad se atribuye a la resistencia del Gobierno a admitir la crisis antes del otoño de 2008 y su política cambiante de alianzas.
El informe se extiende en los principales retos de la democracia española, especialmente la crisis económica, pero también dedica importancia a la corrupción, un "problema muy serio, sobre todo en los gobiernos locales". Valora la corrupción de "poco extensiva, en la que pocos individuos parecen estar directamente implicados, pero parece altamente intensiva" por su alto volumen económico. Los expertos creen que las causas de la corrupción en España son la elevada concentración de poderes políticos en manos de un mismo partido; la acumulación de poder del alcalde y al tamaño de los municipios, lo que facilita la consolidación de redes clientelares y de corrupción. El informe propone como posible solución un proceso de reagrupamiento de municipios, con la eliminación de las unidades administrativas locales más pequeñas y el establecimiento de gobiernos locales de mayor tamaño y más homogéneos, como ha sucedido en países europeos en décadas recientes.
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