Gracias al testimonio de Alberto Arce, el martes informábamos acerca de las trabas impuestas por el Ejército de Israel para que las ambulancias lleguen a los heridos. Y, como en anteriores ofensivas militares en Gaza y en Líbano, de los reiterados ataques contra el personal sanitario.
Estimábamos en seis el número de miembros de equipos médicos que habían muerto. Ayer, en una rueda de prensa, responsables de organizaciones de ayuda humanitaria elevaron esta cifra al denunciar que 21 paramédicos han sido asesinados desde el comienzo del ataque el pasado 27 de diciembre.
Pero no sólo los paramédicos, incluido un integrante de Oxfam, han sufrido bajas. También varios trabajadores de la ONU.
“He perdido la confianza en Israel”, declaró John Ging, director de UNRWA (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos), en relación al ataque perpetrado ayer por el Tsahal contra un convoy de ayuda que terminó con la muerte de un conductor.
“Nos habían asegurado que a lo largo de los días que estos incidentes no se iban a repetir, y yo lo había aceptado de buena fe debido a nuestro imperativo humanitario”.
No resulta habitual una declaración tan tajante por parte de una agencia de la ONU. Y, menos aún, que esta agencia decida suspender el auxilio que presta a más de un millón de palestinos en Gaza. Hecho que habla de la virulencia y repetición de los ataques que han sufrido sus trabajadores humanitarios a lo largo de los últimos 13 días a manos del Ejército israelí.
Frenar a las ambulancias
Pero más sorprendente resulta aún la acusación lanzada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo compromiso con las víctimas de la guerra y su neutralidad han sido siempre ejemplares.
Esta organización declaró que “los militares israelíes han fallado en su obligación bajo el Derecho Humanitario de cuidar y evacuar a los heridos”.
El incidente al que se refiere la organización con base en Ginebra está relacionado con varios supervivientes de un ataque al barrio de Zeitún. Los bombardeos provocaron una docena de muertos, pero también numerosos heridos, entre lo que se contaban cuatro niños.
Los soldados israelíes, que estaban situados a apenas 80 metros de las víctimas, tardaron cuatro días en dejar que se acercaran los paramédicos. Sabían de la existencia de los heridos, los podían ver, pero una y otra vez les negaron el acceso.
Ya hemos alabado en anteriores entradas el valor de los médicos en zonas de conflicto. En esta ocasión, tuvieron que caminar durante dos kilómetros y llevar sobre sus hombros a las víctimas debido a que no se les permitió entrar con las ambulancias. Los muertos permanecen aún en el lugar.
86 horas de espera
La organización israelí Betselem, se ha sumado a estas acusaciones, y ha ampliado el número de casos de heridos atrapados en sus casas o bajo escombros, exigiendo al IDF que permita el acceso de las ambulancias.
También nos hicimos eco de la denuncia realizada por Amira Hass el lunes en el periódico Haaretz: cinco miembros de la familia A'aiedy, entre los que se contaban dos ancianas octogenarias y tres de sus bisnietos, permanecían heridos en sus casas.
La autora de Drinking the sea at Gaza, a quien tuvimos el honor de entrevistar en este blog, se puso en contacto con la organización Médicos por los Derechos Humanos, que llamó al Ejército israelí para coordinar la evacuación.
En un artículo publicado el miércoles, Amira sostenía que aún no habían recibido ayuda alguna, que se estaban colocando agua y sal en las heridas. Habían pasado 86 horas desde el ataque.
Hace unos minutos, el Consejo de Seguridad acaba de acordar una resolución, con la abstención de EEUU, que exige el fin de los enfrentamientos en Gaza. Sin embargo, Al Jazeera informa en directo que la ofensiva continúa.
De tener éxito la tardía iniciativa de la ONU, esperemos que el Ejército israelí ponga en marcha las investigaciones correspondientes para aclarar responsabilidades en estas violaciones del Derecho Humanitario, y castigar a los culpables. Incluido el bombardeo de una escuela de la ONU que acabó con la vida de 41 civiles.
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