El Supremo obliga a la Audiencia Nacional a investigar a Díaz Ferrán por Aerolíneas Argentinas
- Está acusado de fraude y apropiación indebida de 108 millones de euros
- El juez Eloy Velasco, que rechazó el caso, deberá realizar la investigación.
El Tribunal Supremo ha concluido que la Audiencia Nacional tiene la competencia para investigar a Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual por los delitos de fraude y apropiación indebida de 108 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas, según el auto dictado el pasado 20 de enero.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima así la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid y otorga la investigación al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que rechazó hacerse cargo del caso.
Por último, el Supremo afirma que "no cabe duda de la complejidad del asunto", no solo por la implicación de diversas personas físicas y varias empresas, sino también por la existencia de dos concursos de acreedores que se tramitan tanto en Argentina como en España.
Según fuentes jurídicas, la fase de investigación se encuentra cerrada, por lo que el juez de la Audiencia Nacional tendría que avalar su resultado y decretar la apertura de juicio oral contra los acusados.
Air Comet habría hecho entonces figurar a su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento, según la denuncia presentada por interventores judiciales.
Así, los directivos de Air Comet están imputados por utilizar los 209,5 millones de euros aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso y por dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air Comet y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa.
Con esta operación, Air Comet y la sociedad Royal Romana Playa -supuestamente vinculada a Antonio Mata, también imputado- habrían adquirido el 90% de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas de diciembre de 2002, con la finalidad de controlar la mayoría de los derechos de voto en este concurso.
El proceso concursal terminó con una quita del 60% de la deuda "con perjuicio de los restantes acreedores y de los accionistas minoritarios".
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima así la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid y otorga la investigación al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que rechazó hacerse cargo del caso.
El Supremo concluye que la Audiencia Nacional es la competente para investigar este tipo de delitos fiscales en concepto de fraude, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, considera que la cantidad defraudada por Díaz Ferrán y Pascual "puede tener una grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil" y que, además, "afecta a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia", lo que es "suficiente concurrencia" para reconocer la competencia de la Audiencia Nacional.Por último, el Supremo afirma que "no cabe duda de la complejidad del asunto", no solo por la implicación de diversas personas físicas y varias empresas, sino también por la existencia de dos concursos de acreedores que se tramitan tanto en Argentina como en España.
Según fuentes jurídicas, la fase de investigación se encuentra cerrada, por lo que el juez de la Audiencia Nacional tendría que avalar su resultado y decretar la apertura de juicio oral contra los acusados.
Caso abierto desde 2003
En 2003, Anticorrupción comenzó a investigar la actuación de Air Comet, propiedad de Marsans, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas Argentinas, tras el proceso de compra, cerrado en octubre de 2001, por el consorcio formado por Air Comet, la SEPI, Spanair y la sociedad Air Plus.Air Comet habría hecho entonces figurar a su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento, según la denuncia presentada por interventores judiciales.
Así, los directivos de Air Comet están imputados por utilizar los 209,5 millones de euros aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso y por dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air Comet y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa.
Con esta operación, Air Comet y la sociedad Royal Romana Playa -supuestamente vinculada a Antonio Mata, también imputado- habrían adquirido el 90% de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas de diciembre de 2002, con la finalidad de controlar la mayoría de los derechos de voto en este concurso.
El proceso concursal terminó con una quita del 60% de la deuda "con perjuicio de los restantes acreedores y de los accionistas minoritarios".
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