Nada más ser nombrado consejero de Interior, Felip Puig prometió en una entrevista "tensar la ley hasta allí donde esté permitido y un poco más". Toda una declaración de intenciones que ayuda a entender la actuación de los Mossos d'Esquadra del pasado viernes en la plaza de Catalunya, que se saldó con 121 heridos, cuatro de ellos graves. "Ningún policía ha actuado por iniciativa propia, el responsable de la actuación soy yo", aclaró Puig horas después, para despejar cualquier duda sobre su sentido de la autoridad con regusto a autoritarismo.
El talante del nuevo consejero está en las antípodas del de su predecesor, Joan Saura, al que Puig y CiU fustigaron sin remilgos. Especialmente por el deseo de Saura de atar corto a los Mossos y acabar con la aparente impunidad que venían disfrutandos los agentes que traspasaban las líneas rojas que marca la ley y la ética policial.
Los pocos meses que Puig lleva en el cargo han revitalizado los principios del ideario nacionalista de CiU que identifican a la policía autonómica como un referente de la identidad catalana, de manera que las críticas a los Mossos han de considerarse, en realidad, un ataque a Cataluña y sus instituciones. Alineado con el ala soberanista de Convergència, Puig despierta pasiones en buena parte de la militancia del partido, escasas simpatías en los socios de Unió y un amplio rechazo en la oposición de izquierdas, que ya ha pedido su comparecencia parlamentaria para dar explicaciones por la carga policial, que ha sido calificada de desproporcionada, injustificada y hasta brutal.
La defensa incondicional que siempre ha hecho el consejero de las actuaciones de los Mossos le ha granjeado amplias simpatías en el cuerpo, incluso antes de tomar posesión. Y es que una de las primeras medidas que adoptó fue suprimir el código ético de la policía, un manual de buenas conductas insólito en Europa, así como paralizar la instalación de cámaras de vigilancia en todas las comisarías, medida que aprobó Saura tras descubrirse los tristes episodios en la sala de cacheos de Les Corts.
Puig entró en el Gobierno de Mas en tiempo de descuento y él mismo había insinuado en campaña electoral que quizá había llegado el momento de retirarse a un cargo secundario. Al final aceptó la cartera de Interior, después de haber ocupado las de Medio Ambiente y de Política Territorial con Jordi Pujol. Con su nueva tarea, abandonó la secretaría general adjunta de CDC.
El primer desalojo que hicieron los Mossos con el mandato de Puig ya le sirvió para mostrar maneras. "Se ha acabado la impunidad con los okupas", proclamó el consejero. Olvidó que los desalojos los autoriza el juez, no la policía. Al poco, el programa Polònia lo caricaturizó con un bate de béisbol, algo que al consejero no le molesta, hasta el punto de que en la última campaña de las municipales se le entregó ese objeto contundente en medio de un acto electoral y lo aceptó sonriente.
La acampada de la plaza de Catalunya era el primer conflicto delicado que tenía que abordar Puig y las órdenes que dio volvieron a ser de contundencia. Más de 10.000 personas han firmado ya para pedirle que dimita. Él insiste en que la culpa es de la prensa, por no explicar que los policías también fueron contusionados. El desgaste político ha empezado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario