
Una lona de plástico en el campo de desplazados instalado en el Club de Campo de Petion Ville, Puerto Príncipe (Haití)
"LA ÚNICA MANERA DE TRATAR CON UN MUNDO SIN LIBERTAD ES VOLVERTE TAN ABSOLUTAMENTE LIBRE QUE TODA TU EXISTENCIA SEA UN ACTO DE REBELIÓN."
Viena. El abogado economista Georg Zanger se plantea dar nuevos pasos en la lucha contra los abusos en instituciones católicas. “Habría que pensar en presentar denuncias contra organizaciones de las instituciones eclesiásticas por la posibilidad de que se trate de organizaciones criminales.” Este denuncia se basaría en el artículo 278a del Código Penal austríaco e iría dirigida a la fiscalía.
Son justamente estos antecedentes de hecho (con amenaza de 6 meses a 5 años de prisión) los que actualmente se les imputan, en un proceso en curso en Wiener Neustadt, a 13 defensores de los derechos de los animales. Zanger opina: “Pienso que el artículo 278 no está pensado exclusivamente para defensores de los animales.” En su opinión, ahora habría que estudiar hasta qué punto hay una conducta organizada detrás de los ocultamientos que ha habido, y por tanto detrás de la violencia y los abusos sexuales.
Zanger explica: “Si hay un solo educador detrás de los abusos, la situación es muy distinta de si estos hechos se han producido con el consentimiento de otros.” Si en alguna de las instituciones resultara que los abusos son “inherentes al sistema”, estaría justificada una denuncia conforme al artículo 278a del Código Penal austríaco.
Hasta el momento, hay 15 personas que se han asociado para pedirle ayuda a Zanger, quien también quiere actuar en otro frente. Hace años, ya consiguió indemnizaciones en cantidades millonarias como abogado de víctimas del nazismo que habían sido obligados a trabajos forzados. Ahora podría actuar como defensor para las víctimas de violencia y abusos de la Iglesia. Opina que, en el caso de la Iglesia, a la larga no tiene mucha importancia el que las demandas hayan prescrito.
Algunas víctimas también están pensando en reclamar indemnizaciones de las diócesis. Según informaciones de este periódico, se va a estudiar también una denuncia contra el cardenal Christoph Schönborn en cuanto responsable de la archidiócesis de Viena. Ahora bien, al margen de la cuestión de que los hechos hayan prescrito o no, a un obispo sólo se le podría demandar en su calidad de superior jerárquico si se pudiera demostrar que él debía tener “muy claro” que era previsible que el autor iba a seguir cometiendo delitos, como explica el especialista en derecho Helmut Fuchs.
¿Y cómo está el asunto de las indemnizaciones en cuanto al derecho civil? ¿Quién tiene la responsabilidad: el obispo, la diócesis? En opinión del experto en derecho privado Andreas Kletecka, sería muy difícil demandar a un obispo. Otra cosa es lo de las diócesis. Si el autor de los delitos es un sacerdote, se le debe considerar como representante de un organismo, la diócesis, contra la cual se podrían presentar demandas de indemnización. Hay un problema, que es que para personas jurídicas las demandas prescriben a los tres años. Para los autores del delito, hay un plazo de treinta años. La opinión de Kletecka sobre esta ventaja de la que gozan las personas jurídicas: “ahora mismo, el asunto se está debatiendo, está 50 - 50.” Es posible que el Tribunal Supremo modifique la judicatura y amplíe el plazo de prescripción hasta los treinta años.
Mientras tanto, se están concretando las exigencias de que los casos de abusos se investiguen por parte del Estado. Por una parte, se dice que hay que hablar tanto con los representantes de las víctimas como con la Iglesia. Jarolim, portavoz de justicia del SP (partido socialdemócrata), especifica más. Él pide una comisión de investigación constituida por cinco personas, que debería dirigir un presidente anterior del Tribunal Constitucional. A dos representantes los debería nombrar la Iglesia, y a otros dos las organizaciones de víctimas, afirmó Jarolim en televisión. La archidiócesis de Viena se muestra de acuerdo. Su portavoz Erich Leitenberger dijo que se cooperará al máximo con las instituciones del Estado.
El ejemplo lo constituye Irlanda, donde ya se constituyó hace años una comisión de investigación en materia de abusos. Y también en Alemania: allí se ha formado ahora una mesa redonda sobre abusos infantiles, y se ha nombrado a la socialdemócrata Christine Bergmann como representante del Gobierno. La plataforma “Afectados por la violencia de la Iglesia” apoyan la idea de una comisión estatal. La plataforma ofrece desde el martes un número de teléfono de ayuda a las víctimas.
Por otra parte, la diócesis Gurk-Klagenfurt piensa recurrir, a partir de ahora, a las instancias estatales ante cualquier sospecha de abuso o maltrato. Si bien el derecho penal no establece en general la obligación de declarar los hechos, el obispo Alois Schwarz esclarecerá los hechos incluso en los casos que ya hayan prescrito de acuerdo con el derecho penal.
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Imagen | Eneko
Abuhamza fue encarcelado de forma indefinida por un período mínimo de siete años y medio, informó Press Association. Gordon y Abuhamza admitieron los cargos de crueldad contra otros cinco niños bajo su cuidado. Todos sufrieron el hambre y los abusos de la pareja.
Khyra murió en mayo de 2008, después de ser llevada al hospital desde su casa de Handworth, en Birmingham, gravemente demacrada. El juez dijo entonces que el régimen de castigos que aplicaba la pareja era "glacial en su dureza y crueldad".
Según las autoridades judiciales, los niños no sufrieron por negligencia de sus cuidadores, sino "por estar sujetos a un régimen de castigos duro y cruel". Sobre Gordon, el juez Roderick Evans afirmó que su crueldad era "horrible", peor aún si se tiene en cuenta que era la madre de la pequeña.
Los castigos contra Khyra contemplaban dejarla a la intemperie bajo las frías temperaturas o frente al ventilador durante largos periodos, ducharla con agua fría o golpearla con una caña de bambú.
"Otro castigo, que es central para este caso, era privar a los niños de comida", dijo el juez.
"Fue la privación de comida, que se extendió durante meses, lo que redujo a Khyra a un esqueleto y comprometió su sistema inmunológico hasta que fue incapaz de resistir una infección", prosiguió.
En este caso, Palacios, que ha colaborado en conferencias de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela) dirigida por el líder de España 2000 José Luis Roberto, justificaba este tipo de actuaciones simple y llanamente apuntando que el hombre es "en términos generales violento, lo que motiva las agresiones, con causa de muerte incluso de las mujeres". Daba a entender con estas palabras que la violencia machista es algo natural y entra dentro de los límites legales, pero que en cambio la "femichista" –término que él mismo emplea- es un delito muy grave que afecta también a la sociedad y que provoca que un gran número de hombres opte por dejar de vivir debido al trato que le dan las mujeres. Con esta visión tan particular, machista y en la que se deja en un lugar muy bajo la figura de la mujer, el máximo responsable del Sindicato Independiente trata de no pillarse los dedos en exceso, por si sus declaraciones no eran bien recibidas, añadiendo a su diálogo que las graves acusaciones que él hace no están comprobadas "empíricamente". Lanza la piedra, pero esconde la mano. Por si todo esto fuera poco, Palacios pone la guinda al pastel destacando por encima de todo que, pese a este incremento de los suicidios entre varones, la primera causa de muerte no natural en el Estado español son los abortos. |