Como muchos ya sabéis, estamos frente a una situación complicada. La neutralidad de Internet está comprometida por la famosa Ley Sinde, creada a medida de los intereses comerciales de las empresas audiovisuales estadounidenses, como reveló Wikileaks. Gracias a esta ley, el Gobierno podrá cerrar páginas web por vía administrativa, quitándose a los jueces de en medio, que eran precisamente los que determinaban que las webs de enlaces no eran ilegales ya que simplemente albergaban eso, enlaces. Es decir, no almacenaban en su servidor material protegido por los derechos de autor. Para que nos hagamos una idea, decirle a un amigo dónde está el top manta sería el equivalente en el mundo real.
¿Qué va a pasar si sigue esto adelante? Pues que un grupo de personas afines a los intereses de las industrias de contenidos podrán actuar como juez y parte. Es decir, serán los encargados de determinar si una página web es legal o no lo es, y en ese caso cerrarla. Estamos ante un escenario peligroso que se ha creado para evitar que un juicio justo diese la razón al propietario la página web. De hecho, este es el primer paso para acabar con la libertad de expresión en Internet.
En relación a la Ley Sinde, ayer por la tarde me recibí vía nota de prensa un comunicado de aDeSe donde la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento mostraba su apoyo al Gobierno. Desde aquí me gustaría rebatir su postura.
Los dos primeros puntos del comunicado creo que quedan contestados con los primeros párrafos del artículo, y el punto número seis no hace falta contestarlo, ya que están en su derecho de defender sus intereses por esa vía si lo estiman oportuno.
3.- Que la situación calamitosa que afecta al sector de la creación cultural y de las industrias de contenidos audiovisuales es tal, que la aprobación urgente y sin dilación alguna de la LES es ya una cuestión de Estado. Lo contrario sería condenar a la desaparición gradual a un sector que concentra un 5% del PIB español y que crece por encima de dos dígitos en los países desarrollados, siendo motor de prosperidad y creación de empleo.Es curioso que la “situación calamitosa” del principio del párrafo se transforme de repente en “un sector que concentra un 5% del PIB español y que crece por encima de dos dígitos en los países desarrollados, siendo motor de prosperidad y creación de empleo“. Aunque quizás eso se deba a que España no sea un país desarrollado.
4.- Que los creadores y las industrias de contenidos audiovisuales ya ha puesto en marcha toda una oferta legal de altísima calidad para los usuarios de Internet y continuarán trabajando en tal sentido para que dicha oferta sea cada vez más amplia, mejor y en condiciones económicas competitivas. Los Creadores e Industrias Culturales ya han puesto a disposición del mercado más de 600 webs de contenidos legales en el mundo entero.Me parece irrelevante que la industria opine que su oferta es “de altísima calidad“, ya que mi abuela también decía que yo era el más guapo. Y para competitivos, los precios de los videojuegos en otros países como Inglaterra. ¿Cómo es posible que haya esa diferencia de precios tan grande entre dos países de la Unión Europa? ¿Cómo es posible que juegos que aquí me cuestan más de 50€ pueda comprarlos allí por poco más de 25€ (y con gastos de envío gratuitos)? De todas formas, creo que no es bueno generalizar y compañías como FX Interactive ofrecen productos muy buenos en cuanto a relación calidad-precio. Ante ellos, me quito el sombrero.
5.- El sector quiere llamar a la reflexión de todos aquéllos que dan cobijo moral, económico y físico a las páginas de enlaces y descargas ilegales que este pasado fin de semana han escenificado una protesta en la red, sobre el hecho de que las páginas de descargas y enlaces están en muchos casos relacionadas con actividades ilegales perseguidas por los Cuerpos de Seguridad del Estado y los jueces. Por tanto, nada tiene que ver con la cultura ni con la libertad de información y expresión, sino con la realización de actividades delictivas y perseguibles.Si estas actividades son perseguidas por los jueces, ¿por qué se les quiere quitar de en medio? ¿por qué no se quiere garantizar un proceso judicial justo para los propietarios de las páginas, como se venía haciendo hasta ahora? ¿el único camino es el de la censura?
No se trata de amparar al pirata, hacer negocio con el trabajo de terceros es deleznable, se trata de evitar que un comité de personas puestas a dedo por la industria interesada tengan poder para cerrar páginas web a la carta bajo la excusa de que creen que son ilegales (aunque no lo sean). Si se quiere acabar con la piratería habrá que buscar otra forma de hacerlo, una forma que no ponga en compromiso la libertad de expresión.
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