Federico Quevedo - 07/12/2010
Sí, lo cierto es que nunca pensé que me pudiera sentir así, pero ayer, cuando acudí a la Carrera de San Jerónimo al acto central de celebración del XXXII Aniversario de la Carta Magna, me di cuenta de que
este país ha sucumbido a la sublimación de lo cutre, lo casposo y lo bananero. He ido muchos seis de diciembre al Congreso de los Diputados, y nunca como ayer
he sentido tan profundamente el dolor que produce comprobar que mi país se despeña cuesta abajo y sin frenos, conducido por un auténtico temerario que ahora se ha propuesto gobernarnos, el tiempo que le queda, manu militari. Lo que nos faltaba, Rodríguez convertido en dictadorzuelo de pacotilla mientras termina de destruir lo poco que queda ya de lo que algún día fue un maravilloso sueño colectivo. Me decía
Rosa Díez, apesadumbrados en el Salón de los Pasos Perdidos, que “hemos pasado de estar alarmados a estar en Estado de Alarma”. Y
Miguel Arias Cañete acertaba de pleno:
“Ni siquiera en el 11 de marzo de 2004, con 192 muertos en unos atentados terroríficos, al Gobierno se le pasó por la cabeza decretar el Estado de Alarma, y aquello sí que era motivo”. Ya está: el Ejecutivo de la paz, del talante y del diálogo acaba sus días echando mano de los militares en una decisión sin precedentes y de una gravedad extrema. Una decisión que tenemos que denunciar, que estamos obligados a denunciar por lo que de vulneración del Estado de Derecho y las garantías constitucionales conlleva. Este país navega a la deriva, sin rumbo, o rumbo fijo al abismo. Nos atacan los mercados, Europa nos gobierna en lo económico; los nacionalismos se hacen fuertes con un Gobierno débil y que les necesita imperiosamente para sobrevivir lo poco que le queda hasta la derrota definitiva. El mundo se ríe de nosotros cuando no nos mira con indudable preocupación. España ya no es lo que era, lo que fue hace tan solo unos años: del ejemplo de la Transición, del desarrollo de los ochenta y noventa, y del milagro económico con que abrimos la puerta al nuevo siglo, hemos pasado al desmoronamiento absoluto, a la peor de las pesadillas.
Todo lo que hemos ido levantando durante estos treinta años, se ha venido abajo como sacudido por un cataclismo llamado Rodríguez, para terminar recurriendo a lo que durante todo este tiempo hemos evitado bajo cualquier circunstancia por grave que esta fuera: la fuerza. Cuando un país se desmorona como lo hace el nuestro y se ponen en duda todos los valores y principios con los que levantamos el edificio constitucional hasta el punto de vulnerar la propia Constitución en su esencia más profunda, la defensa de la libertad, entonces solo cabe decir que estamos firmando nuestra propia sentencia de muerte democrática. Lo que ha hecho este Gobierno ha sido violar hasta la extenuación la propia Carta Magna. A los controladores, el peso de la ley
Zapatero ha tergiversado, manipulado y vulnerado una ley orgánica para decretar un Estado de Alarma que era absolutamente innecesario y excesivo
Déjenme que les diga algo antes de seguir, para evitar malos entendidos: yo no defiendo en modo alguno a los controladores, y solo deseo que sean llevados ante la Justicia y, si debe ser así, condenados por sus delitos y despedidos de sus puestos de trabajo. Pero mi obligación no es criticar a quienes solo responden ante sí mismos y, si cabe, ante la Justicia, porque ni el pueblo les ha elegido ni es ante el pueblo ante el que tienen que responder de sus actos. No,
al que ha elegido el pueblo y quien tiene que responder ante el pueblo de sus actos es el Gobierno de la Nación, y lo que yo asumo como responsabilidad propia es vigilar al poder y sus actuaciones, sus excesos y sus arbitrariedades, no a los controladores aéreos, y por eso mis críticas y mis advertencias sobre la gravedad del momento que estamos viviendo se dirigen al Gobierno de Rodríguez, que es el que ha tomado en el transcurso de poco más de veinticuatro horas dos decisiones de una gravedad sin precedentes: la primera, y conociendo de antemano, desde quince días antes según los informes que el propio CNI había pasado al Ejecutivo, lo que podía ocurrir y hasta que extremo, aprobar el decreto que era evidente que iba a impulsar una protesta desproporcionada de los controladores afectando a cientos de miles de personas; y, la segunda, resolver la situación creada por el propio Ejecutivo echando mano de la solución más drástica y, probablemente, más inconstitucional, es decir, decretar el Estado de Alarma y militarizar un servicio civil. Una medida ‘chavista’ Probablemente sea difícil y, si quieren, políticamente incorrecto oponerse a una decisión cuya consecuencia inmediata ha sido la de devolver la normalidad al espacio aéreo. Pero yo no me guío ni por facilidades ni por correcciones políticas, así que permítanme que les diga que
el decreto por el que el Gobierno declara el Estado de Alarma es una norma antidemocrática, de corte fascista, que perfectamente podría haber sido el consejo de última hora de la tarde del viernes ofrecido por el coronel Hugo Chávez a su amigo Rodríguez Zapatero. En treinta años de democracia hemos vivido situaciones dramáticas, atentados terroristas, huelgas salvajes del transporte que han provocado el desabastecimiento, catástrofes naturales como la provocada por el Prestige, etcétera… Y nunca, nunca a un Gobierno se le había pasado por la cabeza usar la fuerza hasta este extremo. Nunca hasta que llego Rodríguez Zapatero y ha tergiversado, manipulado y vulnerado una ley orgánica para decretar un Estado de Alarma que era absolutamente innecesario y excesivo. ¿Saben qué dice la Ley Organica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio? Se lo voy a decir:
"El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: A) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. B) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. C) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. D) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad". El Gobierno se ha agarrado al punto C para decretar el Estado de Alarma, pero si se fijan ustedes en ese punto la Ley dice que para decretar el Estado de Alarma, además de la paralización de un servicio público tienen que concurrir “alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”. Consciente de ese ‘detalle’, en el decreto aprobado el viernes por el Gobierno, y que no necesita de convalidación parlamentaria -aunque si de debate que se producirá este jueves-, el Gobierno explicita que: “Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 apartado c, en relación con los apartados a y d, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, se declara el Estado de Alarma con el fin de afrontar la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo". Pero la realidad es que ni se ha producido ninguna catástrofe, calamidad ni desgracia pública tal como inundaciones, incendios urbanos y forestales de gran magnitud -apartado a)-, ni había una situación de desabastecimiento de bienes de primera necesidad -apartado d)-, luego, entonces, ¿en base a qué concurrencias se aprueba el Estado de Alarma?
Y lo que es peor, y más grave, ¿saben ustedes que el Estado de Alarma le garantiza al Gobierno, durante el tiempo que dure el mismo –y se está pensando Rodríguez ampliar su duración, por lo pronto, a tres meses-, que no se puedan disolver las Cortes y convocar elecciones generales anticipadas? ¿Cómo lo llamarían los Discípulos del Pensamiento Único si esto lo hubiese hecho el PP: golpe de estado, fascismo? Me produce pavor solo pensarlo, y me produce dolor, enorme dolor, comprobar hasta que punto de degradación política ha llegado este país de la mano del peor presidente y el más totalitario que haya tenido jamás, en toda su larga y tantas veces brillante historia de lucha por la libertad.
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