Asimismo, el documento incluirá la revisión del sistema de bonificaciones con vistas a su simplificación, así como la mejora de los servicios públicos de empleo y la intermediación laboral. Otro de los puntos es la revisión de la estructura de la negociación colectiva y la necesidad de introducir en este ámbito mayor flexibilidad interna.
En materia de contratación, la propuesta del Gobierno también contempla la reducción de jornada acompañada del pago de una prestación ('modelo alemán'), la corrección de la excesiva dualidad del mercado laboral, con especial atención a la temporalidad, así como la extensión de la contratación a tiempo parcial estable.
Los últimos tres puntos se refieren a la formación para el empleo, la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y el control de los procesos de incapacidad temporal.
Hasta el momento, el Gobierno no ha querido detallar las líneas generales de la propuesta. Sin embargo, tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, han descartado la posibilidad de que el Gobierno proponga la creación de un contrato con una indemnización por despido improcedente más barata, propuesta defendida por los empresarios y muy criticada por los sindicatos.
De hecho, las posturas de los agentes sociales con los que el Gobierno quiere pactar la reforma aún se mantienen muy alejadas y será el Ejecutivo el que tenga que encargarse de conciliar las posturas de unos y otros para acercar posiciones.
Es más, esta misma semana Corbacho se encargó de asegurar públicamente que la propuesta del Gobierno no sería "cerrada", sino que pretendería abrir "el debate, el diálogo y el acuerdo" para poder acordar "lo máximo". Sin embargo, también el propio Corbacho dejó claro que, en última instancia y si no hay acuerdo, será el Gobierno el que tome las decisiones que considere oportunas.
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