Además de muchos funcionarios y jueces como Santiago Pedraz y Fernando Andreu, a los que Garzón ha abrazado antes de salir, decenas de personas se han concentrado en la puerta de la Audiencia, donde corean gritos como "Garzón, amigo, el pueblo está contigo" o "Miserables".
El magistrado ha conocido la noticia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado suspenderle cautelarmente mientras tomaba declaración a uno de los imputados en la llamada "operación Pretoria".
Se trata del empresario Josep Singla, que según ha manifestado él mismo a los periodistas había acudido a repetir su declaración ante el juez porque la primera que hizo en este procedimiento, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Catalunya, "se había perdido".
Poco antes de la una y media de la tarde, Garzón ha interrumpido la comparecencia por el aviso de una llamada urgente para él -que procedía del CGPJ- y ha hecho salir a Singla y a su abogado del despacho.
Cuando han vuelto a entrar para finalizar la declaración, el magistrado no parecía afectado por la llamada, según Singla, que ha dicho: "Por su lenguaje corporal, daba la sensación de que había recibido buenas noticias".
Nada más finalizar esa comparecencia, los compañeros de Garzón en los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional -como Fernando Grande-Marlaska, Ismael Moreno, Santiago Pedraz y Fernando Andreu- han entrado en su despacho para transmitirle su solidaridad.
También lo han hecho miembros de la Fiscalía como Daniel Campos, Ana Noé y Pedro Martínez.
En la Audiencia se encontraba también la esposa de Garzón, Rosario Molina, que ha llegado al edificio judicial sobre la una menos cuarto.
La suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón es considerada por Amnistía Internacional (AI) como "un hecho insólito y escandaloso" en democracia por suponer iniciar el juicio hacia el único juez en España que cumple su obligación de investigar crímenes internacionales.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha explicado que esta suspensión, decidida hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá varias consecuencias, entre ellas, que se hará más difícil para las 100.000 víctimas de desaparición forzada tener Justicia y reparación.
El mensaje que transmite la decisión del CGPJ es, según AI, "un mensaje de impunidad" hacia las víctimas que denunciaron ante el juez.
Beltrán ha destacado que la decisión que afecta a Garzón recuerda al mundo que el Estado español "incumple sus obligaciones internacionales en derechos humanos" al estimar que la Ley de Amnistía de 1977 es una "ley de impunidad que impide investigar crímenes internacionales".
El papel de la judicatura española se va a "debilitar", en opinión de AI, porque a partir de ahora será más difícil llevar a la Justicia a presuntos criminales internacionales, y pasaremos de tener una judicatura "abanderada" en el impulso a la investigación de crímenes internacionales a "estar en el furgón de cola".
Por último, Esteban Beltrán ha señalado que la suspensión cautelar de Garzón "debilita" la credibilidad española en los foros internacionales de derechos humanos, y se ha preguntado cómo va a cuestionar ahora España a otros gobiernos si no ha resuelto miles de desapariciones forzadas.
